El grupo criminal Guerreros Unidos organizó una cacería el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, tratando de evitar que delincuentes rivales se escaparan del municipio. Para ello, el grupo se valió de sus redes de apoyo, conformadas principalmente por policías de Iguala, Huitzuco, militares y policías federales. Entre todos armaron un cerco alrededor de Iguala, acabando con la vida de al menos 26 personas, tres estudiantes normalistas, un futbolista, un taxista y su pasajera. Apoyada en policías de otros municipios y autoridades de diferentes niveles de Gobierno, la red criminal desapareció además a 43 estudiantes.
Es parte de la tesis actual de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso Ayotzinapa, relato que aparece en el documento de acusación contra 83 personas, presentado al juez en agosto. En el texto, al que EL PAÍS ha tenido acceso, la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) pedía la detención, por diferentes delitos, de 20 militares, entre ellos los comandantes de los dos batallones de Iguala en la época, 25 policías de Huitzuco, una docena de policías estatales y de la Fiscalía de Guerrero, el fiscal del Estado entonces, el jefe de policía de Guerrero e integrantes de Guerreros Unidos, entre otros.
El documento se basa principalmente en las declaraciones de nueve testigos protegidos, entre ellos cuatro antiguos integrantes de Guerreros Unidos, y mensajes de Blackberry intercambiados por miembros del grupo criminal, interceptados por la DEA en Estados Unidos en la época del ataque. Estos mensajes forman parte del tercer paquete de información sobre el caso Ayotzinapa, que el Departamento de Justicia de EE UU manda al sur del río Bravo y que prueba, a juicio de los investigadores, la colaboración de militares con la red delincuencial.
En el documento de acusación, la UEILCA acusa a la mayoría de los 83 de delincuencia organizada o desaparición forzada, a muchos de ambos delitos. Hay dos casos adicionales. En uno, la unidad señala a dos expolicías de Guerrero de tortura y homicidio, por el caso del estudiante normalista Julio César Mondragón, uno de los tres asesinados durante el ataque, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. En otro, la dependencia señala a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y a dos informáticos del poder judicial del Estado, por obstrucción a la justicia. Ellos tres están acusados también de desaparición forzada.
La FGR informó de las órdenes de detención el 19 de agosto, horas después de la captura del exprocurador Jesús Murillo Karam. Primer investigador del caso Ayotzinapa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), su aprehensión abría un periodo de incertidumbre al interior de la FGR. Un choque entre el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, y el fiscal general, Alejandro Gertz, a raíz de los tiempos de la detención de Murillo, acabó afectando el trabajo de la unidad. Gertz ordenó acelerar el caso Murillo, Gómez Trejo pidió un mes, pero Gertz se negó y lo apartó del caso. Luego, el fiscal general apoyó la cancelación de 21 de las 83 órdenes de detención, 16 de ellas contra militares. Gómez Trejo renunció poco después.
Pese a la cancelación de parte de las órdenes de detención, el documento de acusación resulta valioso por la información que contiene, tanto del grupo criminal Guerreros Unidos y sus redes de apoyo, como del relato que poco a poco han construido los fiscales sobre la noche del ataque. La fiscal Tania Villa, parte de uno de los dos equipos de la UEILCA, el que investigaba la embestida de Guerreros Unidos y su red, firma el documento. Igual que Gómez Trejo, tanto Villa como su inmediato superior, Miguel Rivera, salieron de la UEILCA el mes pasado.
En el pliego, Villa pinta una imagen de la que cada vez se conocen más detalles: la extensión de los tentáculos de Guerreros Unidos, largos y pegajosos, capaces de desplegar un operativo de decenas de personas en la zona en cuestión de minutos. Según el documento, la presunta irrupción en Iguala aquel día de presuntos criminales del Cartel de la Sierra, comandado entonces por Onésimo Marquina, alias Necho, e Isaac Navarrete, alias El señor de la I, alertó a Guerreros Unidos, que en pocas horas organizó bloqueos y retenes en varias carreteras alrededor de Iguala.
Siempre según el pliego, esta presunta irrupción del Cartel de la Sierra provocó otra reacción en Guerreros Unidos, esta ya de confrontación abierta, que dejó al menos 20 personas muertas. Victor Hugo Benítez Palacios, el líder de Los Tilos, una de las células de Guerreros Unidos activa esa noche, se comunicó con sus socios para informar de que los supervivientes estaban tratando de huir de Iguala, a pie y en taxi, y de que se habían mezclado con los estudiantes, presentes en el municipio desde última hora de la tarde.
A diferencia de lo que ha planteado otro de los equipos que investiga el caso Ayotzinapa, la comisión presidencial, dependiente del Gobierno, la Fiscalía no menciona la tesis del cargamento de droga en peligro, variante narrativa defendida estos años también por el tercer equipo de investigadores, el grupo de expertos internacionales (GIEI), comisionado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La hipótesis del cargamento en peligro señala que el ataque virulento de Guerreros Unidos responde a la percepción del grupo criminal sobre las pretensiones de los estudiantes de Ayotzinapa. Los criminales, que enviaban droga a EE UU en autobuses de pasajeros, vieron que decenas de muchachos trataban de salir de Iguala en ese tipo de vehículos, cinco en total, en la noche de los hechos. La idea era llevárselos a la Escuela y usarlos, días más tarde, para viajar a Ciudad de México y participar en una manifestación. Pero Guerreros Unidos ignoraban el objetivo de los normalistas, o simplemente no quiso escuchar. Según esta tesis, el ataque fue un operativo para recuperar un cargamento, escondido en uno de los camiones que usaron los jóvenes.
La omisión de la UEILCA no implica que los fiscales desechen esta teoría. De hecho, son hipótesis complementarias. Por un lado, es posible que el Cartel de la Sierra irrumpiera en Iguala el 26 de septiembre, y que, tras la refriega, los supervivientes trataran de huir, provocando la movilización de Guerreros Unidos. Y por otro, lo es también que el grupo de Iguala tuviera previsto mandar ese día un cargamento de droga a Estados Unidos en autobús. Entre medias habrían quedado los estudiantes, trufados de criminales del grupo de la sierra, según la fiscalía, abordando un autobús capital para la logística criminal de los narcotraficantes, según la comisión.
Fuera por lo que fuera, Guerreros Unidos y su red de apoyo se desplegaron por capas, según el pliego. Militares, policías, agentes de la Fiscalía estatal… La consigna era clara. Los criminales pensaban que los “contras” se les escapaban, así que los líderes del grupo, los hermanos Casarrubias, principalmente Sidronio, preso desde hace años, dieron una orden muy sencilla, comunicada por uno de sus lugartenientes, Jesús Pérez, alias El Güero Mugres, a los demás: “Pártanles su madre”.
Iniciaron entonces los bloques. Organizaron uno en Mezcala, un poblado camino a Chilpancingo, la capital del Estado. Armaron otro en Santa Teresa, más cerca de Iguala, sobre la misma carretera. Policías de Huitzuco apoyaron a los criminales en Santa Teresa y en uno de los escenarios del ataque en Iguala, el puente junto al Palacio de Justicia. Agentes de la Fiscalía estatal apoyaron a los criminales allí también.
De los cinco camiones que los estudiantes se habían llevado de la terminal de autobuses de Iguala, dos acabaron en el Palacio de Justicia. Del primero, policías de iguala y Huitzuco desaparecieron al menos a 14 jóvenes. Del otro, el que habría llevado la droga, según el GIEI y la comisión, los muchachos lograron escapar. Policías federales se quedaron custodiando ese último. Agentes de esa corporación accedieron a que policías de Iguala y Huitzuco se llevaran a los muchachos del primero, incluso después de escuchar que “el patrón” vería “que hacer con ellos”. Militares pasaron por allí igualmente sin intervenir.
No se sabe qué pasó con este grupo de jóvenes después de la intervención de policías de Iguala y Huitzuco. La fiscal Villa omite aportar más información a sus conclusiones, pero uno de los testigos protegidos, alias Carla, antiguo integrante de Guerreros Unidos, dice que tres agentes de la policía estatal, a quien la UEILCA acusa de asesinar y torturar al normalista Mondragón, acudieron después con él al Palacio de Justicia y se llevaron de allí a siete u ocho estudiantes. Según este relato, obviado por la fiscal, los policías los condujeron a un paraje cerca de Huitzuco y los mataron.
Villa dedica su siguiente argumento a los militares y dice que salieron esa noche “a detener personas según la instrucción del grupo delictivo”. La fiscal escribe cómo el comandante del 27 Batallón, José Rodríguez, actualmente en prisión, “permite con su omisión, derivado del acuerdo previo con el grupo delictivo (...) la privación de la libertad de los 43 estudiantes”. Luego menciona a varios de los militares acusados, a muchos de los cuales se les canceló la orden de detención durante el caos de agosto y septiembre en la FGR, 16 de los 20.
La fiscal menciona a cada uno, sugiriendo que su salida a las calles de Iguala aquella noche y no la de otros respondía a su colaboración con Guerreros Unidos. Así, por ejemplo, explica que uno de ellos salió a patrullar, aunque estuviera asignado a la “guardia de la puerta principal” del cuartel; que otro había concluido su guardia en tareas de limpieza, pero salió igualmente; o que otro, oficinista, agarró sus bártulos y salió con el oficial al mando aquella noche, el capitán José Martínez Crespo, preso por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Hay algo extraño en esta parte del pliego, porque Villa incorpora el nombre del comandante del otro batallón de Iguala, el 41, Rafael Hernández Nieto, a una lista de los militares que anduvieron por Iguala aquella noche, concretamente los que acudieron a la clínica Cristina, lugar donde se refugiaron parte de los normalistas cerca del otro escenario del ataque, la esquina de Periférico con la calle Juan N. Álvarez. Puede ser un error. En todo caso, una de las 16 órdenes canceladas contra militares fue la de Hernández Nieto.
El documento aporta información también sobre el escenario de Juan N. Álvarez y Periférico. Los normalistas salieron de la terminal de Iguala por dos calles, una hacia el norte y otra hacia el sur, hacia el Palacio de Justicia. Tres autobuses llegaron a Juan N. Álvarez y Periférico. Policías de Iguala los encapsularon y atacaron. Obligaron a bajar a los normalistas del último autobús del convoy y se los llevaron. Eran alrededor de 20.
Según el pliego, todas las acciones de Guerreros Unidos en Iguala en ese momento de la tarde estaban coordinadas por Nicolas Najera Salgado, alias El May, en comunicación con el Güero Mugres, que tenía línea directa con los Casarrubias. El pliego no lo menciona, pero un personaje importante en ese momento en Iguala para los otros equipos de investigación, principalmente la comisión, es Juan Salgado, alias El Caderas, figura que ocupaba, al parecer, una posición similar a la de Mugres.
El caso de El Caderas es uno de los más controvertidos del actual periodo de investigaciones del caso Ayotzinapa. Personaje cercano a los Casarrubias, las autoridades nunca dieron con él hasta el año pasado. La comisión lo ubicó en Metepec, en el Estado de México, y arregló su entrega a agentes de la FGR en septiembre. El día de la detención, sin embargo, los agentes, según la comisión, lo ejecutaron. Aunque el nombre de El Caderas no aparece en las conclusiones de Villa, si figura en las declaraciones de los testigos protegidos.
En cualquier caso, el pliego señala que los policías de Iguala sometieron a los muchachos y luego los separaron en varios grupos. Villa no lo deja claro, pero en la página 573 escribe que un grupo de esas personas fue entregado a Nájera Salgado y que este los llevo a la colonia Lomas de la Cumbre, a las afueras de Iguala, rumbo a Pueblo Viejo. Allí, él y otros los asesinaron. Luego quemaron sus restos en “la funeraria El Ángel”. La fiscal añade que otro grupo de personas fue entregado a los hermanos Benítez Palacios, Los Tilos, que también los mataron y deshicieron sus restos.
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Reportero en la oficina de Ciudad de México desde 2015. Cubre el área de interior, con atención a temas de violencia, seguridad, derechos humanos y justicia. También escribe de arqueología, antropología e historia. Ferri es autor de Narcoamérica (Tusquets, 2015) y La Tropa (Aguilar, 2019).
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